Las sanciones

La Cámara Baja del Congreso de Estado Unidos aprobó la “Ley de Protección de los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela”, la cual dispone la imposición de sanciones a funcionarios o exfuncionarios del gobierno venezolano o cualquier persona que, actuando en su nombre, haya perpetrado, ordenado, controlado o de alguna manera dirigido actos de violencia o violaciones de derechos humanos contra los participantes en las protestas que comenzaron el 12 de febrero en Venezuela.

Las sanciones consistirán en: bloqueo y prohibición de todas las propiedades e intereses ubicados en Estados Unidos, la prohibición de importación de bienes en Estados Unidos y la revocación de las visas o cualquier otro documentos que permita el ingreso en Estados Unidos. También contempla, imposición de sanciones en relación con la transferencia a Venezuela de bienes o tecnologías que pudieran ser usadas para cometer abusos contra los derechos humanos.

La ley instruye al Secretario de Estado para que defienda en la OEA la Carta Democrática Interamericana a fin de contribuir a la protección de los Derechos Humanos en Venezuela. También contempla una estrategia para promover y garantizar el derecho al libre acceso de los venezolanos a información transmitida por Internet y una estrategia global para asegurar a los venezolanos el ejercicio de su derecho a elecciones libres, imparciales y transparentes conducidas bajo la presencia de observadores internacionales así como la designación de autoridades judiciales y electorales independientes. También autoriza la asignación para el año 2015 de “no menos de $ 5.000.000 para suministrar asistencia a la sociedad civil en Venezuela”

Como es sabido, el senado de Estados Unidos considerará también, próximamente, un proyecto de Ley sobre la situación en Venezuela. Una vez aprobado este, se intentará conciliar las dos leyes y el texto resultante será remitido al presidente Obama para su promulgación.

El gobierno norteamericano mantiene una actitud cautelosa en relación con las sanciones. Insiste en la necesidad de un diálogo entre el gobierno y la oposición y considera prematuro imponerlas antes de que se conozca el resultado de ese diálogo.

Pero el “diálogo” que había se había emprendido está interrumpido y no parece que llegue a reanudarse. El ilegítimo ha dicho repetidamente que esos encuentros no son  para llegar a un resultado, ha rechazado las propuestas de la oposición, ha arreciado las agresiones contra las protestas estudiantiles e intensificado sus insultos y amenazas contra figuras destacadas de la oposición. Además conspira para dividir a la disidencia.

Para el momento en que estén compatibilizadas las leyes emanadas de la Cámara y el Senado habrá quedado demostrado fehacientemente que en Venezuela no ha habido ni habrá diálogo porque al régimen no le interesa ni le conviene. El Presidente Obama se verá obligado a promulgar la Ley que resulte del proceso de homologación de los dos textos.

El ilegítimo y sus sumisos acólitos han  denunciado urbi et orbi las iniciativas legislativas norteamericanas como injerencia en los asuntos internos de Venezuela obviando el hecho de que cualquier país, en ejercicio de su propia soberanía, es libre de legislar internamente sobre cualquier materia. En definitiva quienes incurren en una abierta interferencia en un asunto que es de la competencia interna de otro país son el ilegítimo y su combo.

Seguramente este artículo me hará merecedor, una vez más, de los calificativos de vendido al imperio y traidor a la patria. Ese el precio de decir la verdad. Me cuento entre quienes están de acuerdo con las sanciones porque no están dirigidas contra Venezuela como país ni contra la población. Están dirigidas a castigar a quienes han cometido o cometen violaciones de los derechos humanos; a quienes han participado o participan en la cruel e inhumana represión contra los participantes en las manifestaciones pacíficas que valientemente protagonizan los estudiantes, los jóvenes y en general la sociedad civil contra este régimen perverso, salvaje, inhumano, sádico y despiadado que usurpa el gobierno en nuestro país; a los corruptos que han empobrecido a la población para enriquecerse ellos;  a los “pata en el suelo” que se transformaron en acaudalados burgueses, con lujosas propiedades y multimillonarias inversiones y cuentas bancarias en Estados Unidos.

Como aquí no hay estado de derecho y no tenemos a quien recurrir para denunciar y castigar esos crímenes, bienvenidas sean esas sanciones para ajusticiar a todos esos violadores de derechos humanos y expoliadores del erario público. El terror generado por esa perspectiva condujo a los incursos a presentar en televisión un sainete denunciando una ficticia y novelesca conspiración, un imaginario golpe de Estado con magnicidio incluido, para intentar distraer la atención de la gente y proteger a la manada de delincuentes del régimen sobre quienes caerá el peso de la ley norteamericana.

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